El 16 de abril de 2016 ocurrió un terremoto de magnitud 7,8 Mw, en la costa norte de Ecuador. Tal fue la magnitud del desastre que luego vinieron 6 réplicas con picos mayores a 6º Mw.

Según información oficial, la población que resultó gravemente afectada por el terremoto llegó a la escalofriante cifra de 240.704, de la que, 12.708 corresponden a Esmeraldas y 227.996 a damnificados en Manabí.

Parecía una guerra, quedaban ciudades en escombros como devastadas por un infernal bombardeo aéreo y terrestre. Fallecieron 661 personas y más de 6 mil resultaron con graves heridas. Y porque siempre hay vida en medio del dolor, se lograron rescatar a 113 personas cuyo fallecimiento se daba por descontado en medio de enormes bloques de cemento y hierro.

Foto de Luis Ortiz en el reconocimiento de edificios el 22 de abril del 2016

Pero a más de un año de la brutal tragedia, aún hay zonas por reconstruir y estas personas no descansan en su lucha por volver a tener un lugar estable y seguro. La pregunta es: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del estado frente a desastres naturales como este? ¿Está obligado el gobierno a reconstruir tu casa que quedó absolutamente en ruinas luego del terremoto?

Desde un enfoque legal podríamos concluir que NO: el estado no está obligado a hacerlo. No obstante, el análisis cambia cuando se lo hace desde las coordenadas de la Constitución del 2008 que el mismo gobierno impulsó.

Cantón Muisne – población de Chamanga. Fotografía de Carlos Rodríguez para la Agencia Andes

Bastaría dar una breve lectura a los números 3 y 4 del Art. 375 de la Constitución para abrir un debate interesante al respecto, pero sabemos que no lo vas a hacer porque pereza mata curiosidad. Sin embargo, debes saber que estas normas nos dicen con “claridad” que:

“El Estado elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos” y además “Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial”

Debemos entender que se trata de un mandato de optimización. Una norma que le dice al estado que “en la medida de lo posible” debe garantizar una vivienda adecuada y digna a sus ciudadanos, pero no existen clausulas hipotéticas para poder desarrollar el cumplimiento estricto de este postulado.

Donaciones de la ONG estadounidense Samaritan´s Purse en Chone

Lo que sí podemos hacer es dar un ejemplo para dejar el tema totalmente claro. ¿Qué sucede si una de las viviendas que ha sido devastada le pertenece a un anciano que ha perdido a sus hijos mayores en el desastre y eran éstos su única fuente de manutención?

En ese caso especial, el anciano podría obligar al estado no sólo a reconstruir su vivienda sino además a garantizarle una pensión mensual para poder seguir vivo en forma digna.

¿Cómo podría hacerlo?

Presentando una acción de protección y pidiendo a un juez constitucional que condene al estado a reconstruir la vivienda y a impedir que no le falten recursos para subsistir.

¿Con qué base jurídica?

Fácil. Buscamos estos dos artículos, que conjugados podrían funcionar a favor de un damnificado que realmente no tiene condiciones para rearmar su vivienda. Estos son el Art. 389 de la propia Carta Magna que dice: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural (…)”  y el Art. 66 constitucional que obliga al estado a garantizarle (en este caso, al anciano) “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo (…)”

Cantón Muisne, fotografía tomada por Carlos Rodríguez de Agencia Andes

Como vemos, a priori, el estado no estaría obligado a reconstruir ninguna vivienda en Manabí y Esmeraldas. En esencia su deber era reconstruir el sistema vial, reconectar el sistema de alumbrado público y alcantarillado y trasladar a los damnificados a albergues.

No obstante, si alguien, en absoluto estado de desamparo, presenta una demanda de garantías contra el estado solicitando que en su caso particular le provea la reparación integral de su casita, esto es, en estricto rigor constitucional, viable.

Bahía de Caraquez, provincia de Manabí, Ecuador

Claro que generaría un conflicto económico para el estado, (que en el caso ecuatoriano, ya había destinado los fondos para un desastre natural a otros menesteres). Y ¿por qué decimos esto? Porque podría provocar una vaina que se llama jurisprudencia vinculante y los casos similares al del anciano del ejemplo se multiplicarían y ahí sí, jodidos.

Como vemos, los resultados de un desastre natural constituyen responsabilidad irrenunciable e intransferible del estado, pero hasta cierto punto. Por lo tanto, si tienes algún familiar damnificado en una situación extrema podrías compartir con él esta información.

Datos y cifras: Informe de Gestión de Riesgos

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