La crisis carcelaria en Ecuador no es una novedad, pero está alcanzando los niveles más alarmantes por el evidente hacinamiento, la falta de políticas criminales, la corrupción, el tráfico de armas y drogas, entre otros matices que dificultan la correcta aplicación de leyes y controles.

Esta emergencia anunciada se escapa de las manos de las autoridades con mayor rapidez de la que esperábamos. Los medios hacen sus aportes a través de cifras y replicando los impactantes videos en los que los reos se asesinan entre ellos. Sin embargo, repetir que las cárceles están en emergencia no parece ser suficiente. ¿Cuál es la posible solución al problema ya planteado?

El conflicto resulta tan amplio, que es difícil escoger el ángulo de partida hacia un correcto análisis; ¿quizás desde los paradigmas sociales? ¿la inestabilidad política? ¿la exclusión social? ¿la falta de infraestructura o una errada administración de ésta?

El hacinamiento es antiguo y constante

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Según el investigador Jorge Núñez Vega, el hacinamiento tiene su origen en la década de 1990 por el aumento de los presos acusados de narcotráfico, «producto de las políticas antidrogas impulsadas desde Estados Unidos».

 

Esto explicaría por qué, durante los 90, había menos de 100 presos por cada cien mil habitantes, mientras que actualmente existe un 79% de hacinamiento en los 23 centros de rehabilitación social del país (sin contar los 3 regionales) siendo el 75% de detenidos -en Quito y Guayaquil– imputados por delitos con estupefacientes.

 

De la misma manera, el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, un complejo de 82 hectáreas, uno de los tres más grandes del país, debía alcanzar su máxima capacidad en el año 2030 (4.500 prisioneros), pero al pasar cuatro años desde su inauguración, ya tiene una sobrepoblación del 17% (5.300 personas).

 

El hacinamiento en sí, ya implica dramas diarios como la falta de comida y servicios, pero a esto se suma lo que Nuñez Vega define como «complejos sistemas de intercambio y negociación y la construcción de organismos de administración gestionados por los propios internos», la raíz de un clima de violencia incesante, sobornos, corrupción y muerte.

 

Lo preocupante es cómo estas prácticas se han institucionalizado a vista y paciencia de las autoridades, convirtiendo a los grupos delictivos en organizadores fundamentales de la vida en las cárceles.

¿La solución es construir más centros de detención?

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Consultamos con un experto en criminología, Pedro Granja, quien destinó varios años a estudiar los sistemas carcelarios de otros países como Italia o España y asegura que construir más cárceles es una declaración formal de derrota: «sería admitir que tenemos un estado fallido. Lo que se deben construir son más escuelas y hospitales».
«Cárceles sobran en Ecuador, pero en su mayoría están mal construidas, con una arquitectura decadante y anti técnica. Lo que falta es capacidad de gestión para hacerlas viables».
Según el especialista, el Ecuador tiene uno de los niveles más espeluznantes en la tabla de coeficiente de Gini que es un índice para medir la desigualdad social. Habría que recordar que la población recluida por narcotráfico se compone de personas que han sido sistemáticamente desterradas del mercado laboral formal y desheredadas de los servicios de protección social.
Desliz normativo + crímenes graves, todo es una colada

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Si hay algo rescatable del gobierno de Rafael Correa, es que ha sido el único presidente ecuatoriano que tomó decisiones de política penitenciaria moderna. Firmar el indulto para liberar a mulas del narcotráfico, permitió darle un respiro a la cárcel nacional.

«Mucha gente dirá: ‘hey, pero cometieron un delito’ y sí, ciertamente lo cometieron pero se trata de lo que Jakobs denomina desliz normativo» explica Granja. Es decir, una mula de narcotráfico o un simple consumidor de cannabis, difícilmente le dará una puñalada a una persona en la calle. En esencia, no son un foco de peligro y mantenerlos en prisión nos cuesta demasiado dinero.

«Dejarlos en libertad, de tanto en tanto, descongestiona las celdas y le significa un ahorro significativo de recursos a un país como el nuestro en el que ya no existe plata ni para darle desayuno a los escolares más pobres», añade el criminólogo.

Lamentablemente, en los centros de detención se mezcla a los presos peligrosos con ladrones de celulares y falsificadores de firmas que después son extorsionados por los presos de bandas o sectas rivales. Estos últimos deberían estar separados, en celdas individuales y bajo estrictas medidas de seguridad.

En definitiva, lo que afecta históricamente al sistema carcelario es la falta de personal capacitado, que sepa de política de prevención, de seguridad, de criminalidad y de neutralización de delincuentes al frente de las cárceles que ya tenemos, que por cierto, costaron más del triple de lo que realmente debieron costar.

Una posible solución a la crisis
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Para Granja, es preocupante ver la ausencia total de una política penitenciaria en Ecuador: «Hace años venimos planteando la urgencia de crear un proyecto de fincas y huertos carcelarios, que los estudiantes de las Facultades de Ciencias Agrícolas, en lugar de tesis, preparen a los internos en cuestiones básicas de producción y que las cosechas sean destinadas para la alimentación de los mismos internos».

También propone que, el excedente de esa producción sea comercializado y lo que se genere, sea ahorrado para que cuando cada preso recupere su libertad, pueda tener una real opción de abandonar la vida criminal instalando alguna actividad lícita con ese pequeño capital.

«El problema es que aquí se pretende tener a los presos 24 horas al día sin hacer nada. Con todo el tiempo posible para planificar cómo apuñalar al resto de internos más débiles o de bandas rivales. Es un horror, un crimen que se genera desde el propio estado», asegura.

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Redacción: alminuto.info

Fuente: 1, 2.

 

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